Matriculación de los profesionales debidamente acreditados.
Certificación de firmas y legalización de traducciones cuando sea exigible o a pedido del profesional matriculado.
Elaboración de aranceles mínimos sugeridos para cada acto profesional.
Asesoramiento a los Poderes Públicos e interesados en general, en asuntos relacionados con la Traducción e Interpretación.
Capacitación de sus miembros.
Actualización de la nómina de profesionales en los distintos idiomas y envío de informe a la Corte de Justicia.
Establecimiento del monto de la matrícula y cuota periódica y su recaudación.
Dictado de las normas de ética profesional que serán obligatorias para todos los Traductores Públicos e Intérpretes inscritos y fiscalización de su cumplimiento.